Resumen

En septiembre de 2017, el presidente Trump puso fin de forma repentina al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que trastornó las vidas de 700 000 «soñadores» —jóvenes que fueron traídos a este país cuando eran niños sin documentación—. De la noche a la mañana, miles de beneficiarios del DACA se enteraron de que solo disponían de unas semanas para renovar sus permisos de trabajo de dos años antes de que el programa llegara a su fin. Esta medida imprudente se produjo tras una intensificación de las medidas de control migratorio que había dado lugar a la detención indebida de numerosos beneficiarios del DACA. A principios de ese mismo año, Public Counsel defendió a Daniel Ramírez Medina, un beneficiario del DACA sometido a un procedimiento de expulsión a pesar de su situación legal.

La decisión del Gobierno de poner fin al programa DACA fue una afrenta a la justicia. El Gobierno había prometido a los «dreamers» que, si salían de la clandestinidad y cumplían las normas del programa, se les permitiría permanecer en Estados Unidos sin temor a ser deportados. Los «dreamers» cumplieron su parte del trato, pero el Gobierno no cumplió su palabra. Public Counsel reaccionó con rapidez y en múltiples frentes.

Para ayudar a quienes cumplían los requisitos para la renovación, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel se puso manos a la obra y organizó una serie de talleres de renovación del DACA. Gracias al extraordinario esfuerzo del personal y los voluntarios, ayudamos a 200 beneficiarios del DACA a presentar la documentación de renovación antes de la fecha límite y, gracias a la generosidad de los donantes, cubrimos la tasa de tramitación de 495 dólares de todos los participantes.

Poco después, el programa «Opportunity Under Law» de Public Counsel representó a seis «soñadores» para presentar una demanda contra el Gobierno federal. El «caso de los soñadores» fue la primera demanda interpuesta por beneficiarios del DACA para impugnar la decisión cruel e injusta de la Administración Trump de poner fin al DACA. Su demanda, García contra Estados Unidos, dio lugar a una orden judicial de ámbito nacional que impidió a la Administración Trump poner fin al DACA durante más de dos años. En 2020, en una sentencia por 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo falló a favor de nuestros clientes, lo que supuso una victoria para los beneficiarios del DACA, sus familias y las comunidades de todo el país.