Powers contra McDonough

Exigir responsabilidades al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) por su incumplimiento a la hora de proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos con discapacidad

ACTUALIZACIÓN, 11 de octubre de 2024: El juez federal de distrito David Carter ha dictado su sentencia definitiva en el caso Powers contra McDonough, en la que reafirma sus conclusiones anteriores y otorga una victoria decisiva a los veteranos con discapacidad. Tras múltiples vistas para determinar las medidas cautelares, el tribunal ha dictado varias órdenes clave, entre ellas el cierre del complejo de béisbol de la UCLA hasta que sus actividades en el campus de la Administración de Veteranos (VA) del oeste de Los Ángeles se centren en atender a los veteranos, el taponamiento de un pozo de petróleo en el campus y la aceleración de la construcción de viviendas temporales. El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) está obligado a construir 50 viviendas modulares prefabricadas para finales de diciembre de 2024, con la orden adicional de adquirir entre 200 y 300 unidades más en los próximos meses. Esta decisión definitiva sigue a una sentencia anterior que exigía al VA construir 750 viviendas temporales de apoyo en un plazo de 12 a 18 meses y 1.800 viviendas permanentes en un plazo de seis años. 

Además, la Brentwood School ha llegado a un acuerdo provisional para seguir utilizando parte del campus, comprometiéndose a pagar 5 millones de dólares para apoyar los servicios a los veteranos y ampliar el acceso de estos a sus instalaciones deportivas. La vista preliminar de aprobación del acuerdo está prevista para el viernes 18 de octubre a las 8:00 horas.

ACTUALIZACIÓN, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024: El juez Carter ha dictado una sentencia sin precedentes a favor de los veteranos con discapacidad, en la que exige cambios radicales en el campus de West LA del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y ordena la construcción de miles de nuevas viviendas de apoyo. Más información aquí.

Durante décadas, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) ha incumplido su deber de proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos que han combatido en guerras, defendido las libertades estadounidenses y realizado enormes sacrificios personales. Además, el VA se ha negado a proporcionar vivienda y servicios adecuados en su extenso recinto de 388 acres situado en el oeste de Los Ángeles —un terreno donado al VA en 1888 específicamente para crear un hogar para veteranos con discapacidad—. Como consecuencia de los fallos del VA, casi 4.000 veteranos se encuentran sin hogar en Los Ángeles cada noche, lo que representa el 10 % del total de veteranos sin hogar en todo el país. 

En noviembre de 2022, catorce valientes veteranos sin hogar y la Fundación Nacional de Veteranos interpusieron una demanda contra el Gobierno federal por no haber proporcionado vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos con discapacidad. Todos los veteranos que han interpuesto esta demanda padecen discapacidades graves, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y lesiones cerebrales traumáticas. Su objetivo es garantizar servicios coordinados de vivienda y asistencia sanitaria, o lo que se conoce como «vivienda de apoyo permanente» (PSH), para todos los veteranos sin hogar de Los Ángeles. 

Cuando los veteranos regresan del servicio, muchos se enfrentan a consecuencias abrumadoras que les acompañarán toda la vida, como la depresión, enfermedades mentales graves, el trastorno por estrés postraumático, lesiones cerebrales traumáticas y la adicción. Estos retos impiden a innumerables veteranos reincorporarse plenamente a la vida civil, mantener relaciones familiares, conservar un empleo, continuar su formación o incluso mantener una residencia permanente. Sin unos servicios coordinados de vivienda y asistencia sanitaria, los veteranos con discapacidades graves no pueden acceder a los servicios de tratamiento físico y mental a los que tienen derecho y que necesitan desesperadamente.

El frondoso campus de West LA, de 388 acres, fue donado al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) en 1888 con el fin de proporcionar alojamiento y asistencia sanitaria a los veteranos. Sin embargo, el VA no ofrece, ni en sus instalaciones ni dentro de su área de servicio, nada que se acerque a una «vivienda de apoyo permanente» adecuada, coordinada con los servicios médicos, de salud mental y de otro tipo que necesitan los veteranos con enfermedades mentales graves o lesiones cerebrales. En cambio, el VA ha firmado contratos de arrendamiento ilegales sobre esos terrenos, que incluyen campos deportivos y aparcamientos para un colegio privado exclusivo, un complejo de béisbol de última generación para la UCLA y perforaciones petrolíferas para extraer petróleo de terrenos vecinos. El propio Inspector General del VA ha dejado claro que estos arrendamientos son contrarios tanto a sus obligaciones legales como a la voluntad de los contribuyentes de nuestra nación.

Más de 4.000 veteranos solían considerar el WLA VA su hogar y, en el momento de presentar la demanda, había menos de 50 viviendas permanentes en toda la finca. La construcción de viviendas se retrasa continuamente, se da prioridad a proyectos de construcción ajenos a la vivienda y el VA sigue alquilando ilegalmente terrenos destinados a alojar a veteranos, incumpliendo la ley.

En 2011 se interpuso una demanda para abordar la discriminación por discapacidad contra estos veteranos y impugnar los acuerdos de uso del suelo y la supuesta violación de la escritura. Aunque el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) se comprometió a construir 1.200 viviendas nuevas de «Permanent Supportive Housing» —de las cuales 770 deberían haberse completado ya—, en 2022 prácticamente no se ha construido ninguna vivienda de este tipo. En 2017 se firmaron contratos de alquiler para 55 viviendas. Desde entonces, se han iniciado las obras de 387 viviendas, pero en el momento de presentar la demanda, ninguna se había terminado.

La demanda de 2022 exige que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) cumpla sus compromisos de proporcionar viviendas de apoyo permanente adecuadas, de modo que los veteranos con discapacidad puedan acceder a la asistencia sanitaria y a las prestaciones de vivienda a las que tienen derecho. Asimismo, solicita una orden judicial que prohíba al VA celebrar acuerdos de uso del suelo que no «beneficien principalmente a los veteranos» y que incumplan el fideicomiso benéfico creado en nombre de los veteranos con discapacidad.

El 15 de mayo de 2023, los demandantes presentaron una demanda modificada, en la que interponían una acción colectiva contra el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) en nombre de todos los veteranos sin hogar que residen en el condado de Los Ángeles. Además, la demanda se amplió debido a que el VA sigue fallando a los veteranos, lo que les obliga a vivir en la calle. La demanda modificada incorporó como demandados a Marcia L. Fudge, secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), y a Douglas Guthrie, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA). 

Los demandantes están representados por Public Counsel, Inner City Law Center y los bufetes de abogados Brown, Goldstein & Levy y Robins Kaplan LLP.

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