Smith contra los Regentes de la Universidad de California

Acabar con el uso de las puntuaciones discriminatorias del SAT y el ACT por parte de la Universidad de California

Durante décadas, el uso por parte de la Universidad de California de las puntuaciones discriminatorias del SAT y el ACT privó a cientos de miles de estudiantes de color, de familias con bajos ingresos y con discapacidad —todos ellos altamente cualificados— de la oportunidad de cursar estudios superiores en el sistema universitario público más destacado del país. En lugar de proporcionar información relevante sobre la capacidad de un estudiante para tener éxito en la universidad, las puntuaciones del SAT y el ACT actúan como indicadores sustitutivos de la riqueza y la raza de los estudiantes, lo que beneficia a los solicitantes más privilegiados. Incluso los responsables de la universidad admiten que estas pruebas son «racistas» y «están correlacionadas con la riqueza y el privilegio».

Public Counsel y los abogados colaboradores interpusieron esta demanda en nombre de estudiantes y organizaciones comunitarias —Chinese for Affirmative Action, College Access Plan, College Seekers, Community Coalition, la Fundación Dolores Huerta y Little Manila Rising— para impugnar el uso que hace la Universidad de California de las pruebas SAT y ACT, alegando que son discriminatorias por motivos de raza, nivel económico y discapacidad. En agosto de 2020, los demandantes obtuvieron una medida cautelar que obligaba a la Universidad a dejar de utilizar inmediatamente dichas pruebas para la admisión en estudios de grado y la concesión de becas. A continuación, los demandantes frustraron los intentos de la Universidad de impedir que la medida cautelar entrara en vigor. En el ciclo de admisiones posterior a la medida cautelar, la UC registró un aumento sin precedentes en el número de estudiantes negros y latinos que solicitaron plaza y fueron admitidos en sus campus.

En mayo de 2021, los demandantes alcanzaron un acuerdo sin precedentes con la Universidad, por el que se le prohíbe utilizar las pruebas al menos hasta 2025.