Vásquez-Perdomo contra Noem

Derechos de los inmigrantes

Denuncia de las redadas y detenciones ilegales en materia de inmigración llevadas a cabo por la Administración Trump en el sur de California

Los residentes, trabajadores y colectivos de defensa del sur de California han demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante un tribunal federal por secuestrar y hacer desaparecer a miembros de la comunidad mediante prácticas ilegales de control y detención, y por confinar a personas en un edificio federal en condiciones ilegales, negándoles al mismo tiempo el acceso a abogados. La demanda alega que el DHS ha detenido y encarcelado a personas de forma inconstitucional para cumplir con las cuotas de detenciones arbitrarias establecidas por la administración Trump.

Desde el 6 de junio, el Gobierno federal ha desplegado a agentes de inmigración por las calles, los lugares de trabajo y los barrios de Los Ángeles y los condados circundantes, creando un asedio y una redada de inmigración en toda la región. La demanda señala que «uno de los patrones más evidentes que se han observado en las redadas del sur de California […] ha sido la realización de controles e interrogatorios […] basados en la raza y el origen étnico aparentes».

Los agentes han estado secuestrando a personas en masa y llevándolas al sótano de un edificio federal en el centro de Los Ángeles, conocido comúnmente como «B-18», que carece de camas, duchas o instalaciones médicas. Las instalaciones se diseñaron para albergar temporalmente a un pequeño número de personas con el fin de tramitar sus expedientes y ponerlas en libertad, o bien tramitarlos y trasladarlas a un centro de detención de larga duración.

Los demandantes pretenden representar a dos grupos de personas: aquellas que han sido o serán objeto de prácticas ilegales consistentes en 1) controles sin sospecha previa y 2) detenciones sin orden judicial y sin evaluación del riesgo de fuga. Los demandantes solicitan al tribunal que certifique el caso como demanda colectiva y que dicte medidas cautelares y definitivas para impedir nuevas violaciones de los derechos recogidos en la Cuarta y la Quinta Enmienda.

Las redadas que se están llevando a cabo han provocado la desaparición de más de 1.500 personas. La demanda detalla cómo los agentes federales se niegan sistemáticamente a identificarse o a indicar a qué organismo pertenecen cuando se les pregunta, utilizando el anonimato como táctica para encubrir la ilegalidad.

La demanda fue interpuesta por cinco trabajadores a título individual, así como por tres organizaciones de afiliación y un proveedor de servicios jurídicos: la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, United Farm Workers (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Jurídico de Defensa de los Inmigrantes. Los demandantes están representados por Public Counsel, la Fundación ACLU del Sur de California, el bufete de abogados de Stacy Tolchin, la Clínica de Solidaridad por la Justicia Racial y de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, la Red Nacional de Organización de Jornaleros, las Fundaciones de la ACLU del Norte de California y de los condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law, Inc., la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Jurídico de Defensa de los Inmigrantes. 

Tribunal

Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California

Estado

Archivado

N.º de expediente

2:25-cv-05605-MEMF-SP

Archivado

2 de julio de 2025

Volver al inicio

Evolución del caso y documentos clave

Pedido

El Tribunal del Noveno Circuito deniega la suspensión en el caso de las redadas de Los Ángeles

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito denegó la solicitud del Gobierno federal de suspender una orden de restricción temporal (TRO) que prohibía a las agencias federales —incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— continuar con sus acciones ilegales en Los Ángeles y los condados circundantes.

Documentos

Presentación

Los demandantes presentan solicitudes para obtener medidas cautelares que les proporcionen una protección a largo plazo frente a las detenciones ilegales por motivos de inmigración y la denegación del acceso a un abogado

Documentos

Presentación

Los demandados presentan una nueva solicitud de suspensión de emergencia ante el Noveno Circuito

Después de que el tribunal de distrito denegara su solicitud ex parte de suspensión, los demandados presentaron una nueva solicitud de urgencia ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito con el fin de suspender las órdenes de restricción temporal (TRO) dictadas por el tribunal de distrito.

Documentos

Pedido

El Tribunal de Distrito deniega la solicitud de suspensión ex parte presentada por los demandados

El juez de distrito Frimpong denegó la solicitud ex parte del Gobierno de suspender la orden de medidas cautelares hasta que se resuelva el recurso de apelación.

Documentos

Pedido

El Noveno Circuito desestima la solicitud de urgencia de los demandados para suspender las órdenes de medida cautelar provisional

El 14 de julio, los demandados presentaron una solicitud de urgencia ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito para solicitar la suspensión de las órdenes de medida cautelar provisional dictadas por el tribunal de distrito mientras se resuelve el recurso de apelación. El 16 de julio, el Noveno Circuito desestimó la solicitud sin perjuicio alguno, debido a que los demandados no habían solicitado previamente una medida cautelar al tribunal de distrito, tal y como exigen las normas procesales federales.

Documentos

Pedido

Se dictan órdenes de alejamiento provisionales en relación con controles ilegales y el acceso a un abogado

Un tribunal federal determinó que las redadas de inmigración que el Gobierno federal está llevando a cabo en el sur de California y su denegación del acceso a asistencia letrada a los inmigrantes detenidos probablemente violaban la Constitución, y dictó dos órdenes de alejamiento provisionales (TRO) que prohíben al Gobierno federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), continuar con sus acciones ilegales en Los Ángeles y los condados circundantes.

La primera orden judicial provisional (TRO) prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse en cuatro factores —por separado o en combinación—, entre los que se incluyen la raza o el origen étnico aparentes; hablar español o inglés con acento; la presencia en un lugar concreto, como una parada de autobús, un lavadero de coches o una explotación agrícola; o el trabajo que realiza la persona. La segunda orden judicial provisional (TRO) ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que facilite el acceso a asistencia letrada los días laborables, los fines de semana y los días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal situado en el centro de Los Ángeles.

Documentos

Presentación

La ciudad y el condado de Los Ángeles, junto con otras ciudades de la zona, presentan una solicitud de intervención

El Ayuntamiento de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles y los ayuntamientos de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood, junto con el bufete de abogados Munger Tolles & Olsen, presentaron una solicitud de intervención en el caso Vásquez Perdomo contra Noem.

Documentos

Presentación

Dieciocho estados presentan un escrito de amicus curiae en apoyo a la solicitud de los demandantes de que se dicten órdenes de medidas cautelares

Documentos

Presentación

Se ha presentado una denuncia

Documentos

Volver al inicio

Clientes

Pedro Vásquez Perdomo es un residente de Pasadena (California) que fue detenido en una parada de autobús mientras esperaba a que lo recogieran para ir a trabajar el 18 de junio de 2025. Interpuso esta demanda mientras se encontraba detenido en el sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, en la sala B-18. Debido a su origen latino y a su condición de jornalero, teme ser objeto de futuras detenciones por parte de agentes federales sin que exista una sospecha razonable.

Carlos Alexander Osorto es un residente de Pasadena (California) que fue detenido en una parada de autobús mientras esperaba a que lo recogieran para ir a trabajar el 18 de junio de 2025. Interpuso esta demanda mientras se encontraba detenido en el sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, B-18. Debido a su origen latino y a su condición de jornalero, teme ser objeto de futuras detenciones por parte de agentes federales sin que exista una sospecha razonable.

Isaac Villegas Molina es un vecino de Pasadena (California) que fue detenido en una parada de autobús mientras esperaba a que lo recogieran para ir a trabajar el 18 de junio de 2025. Interpuso esta demanda mientras se encontraba detenido en el sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, B-18. Debido a su origen latino y a su condición de jornalero, teme ser objeto de futuras detenciones por parte de agentes federales sin que exista una sospecha razonable.

Jorge Hernández Viramontes reside en Baldwin Park, California. Trabaja en un lavadero de coches del condado de Orange, California, al que han acudido en tres ocasiones agentes de inmigración; la última vez fue el 18 de junio de 2025, cuando fue interrogado y detenido por los agentes a pesar de haberles informado de que es ciudadano estadounidense. Teme volver a ser objeto de acciones similares debido a su origen latino y a su acento.

Jason Brian Gavidia es residente de East Los Ángeles, California. El 12 de junio de 2025, fue detenido e interrogado por agentes de inmigración en un depósito de vehículos retirados por la grúa del condado de Los Ángeles, a pesar de haber explicado en repetidas ocasiones que es ciudadano estadounidense. Los agentes lo empujaron contra la valla metálica, le pusieron las manos a la espalda y le retorcieron el brazo. Finalmente lo dejaron marchar, pero quedó aterrorizado por esta experiencia y teme volver a ser objeto de acciones similares por su origen latino.

La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN) es una organización multirracial, multiétnica y multisectorial formada por centros de trabajadores y organizaciones sindicales que colaboran para hacer frente a las injusticias a las que se enfrentan los trabajadores con salarios bajos en el área metropolitana de Los Ángeles, incluidos los trabajadores inmigrantes y aquellos que no hablan inglés. Entre los centros de trabajadores miembros de la LAWCN se encuentran el Centro de Trabajadores de Lavaderos de Coches CLEAN, el Centro de Trabajadores de la Confección, la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de Koreatown, el Centro de Trabajadores Negros de Los Ángeles, el Centro de Trabajadores Filipinos y el Centro de Recursos para Trabajadores de Almacenes. A su vez, estos centros de trabajadores cuentan con miembros —entre los que se incluyen personas sin ciudadanía con estatus legal y ciudadanos estadounidenses— que han sido objeto, y corren el riesgo de serlo en el futuro, de las políticas y prácticas de detención y arresto impugnadas en este caso.

United Farm Workers (UFW) es el mayor sindicato de trabajadores agrícolas del país, con aproximadamente 10 000 afiliados, y cuenta con más afiliados en California que en cualquier otro estado. La UFW tiene como objetivo mejorar la vida, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias, entre otras cosas, defendiendo la reforma migratoria y los derechos de los inmigrantes. Los afiliados de la UFW en California trabajan tanto en explotaciones agrícolas como en otros lugares no agrícolas dentro del Distrito. La UFW cuenta con afiliados, entre los que se incluyen personas sin la ciudadanía estadounidense con estatus legal y ciudadanos estadounidenses, que han sido objeto —y corren el riesgo de serlo en el futuro— de las políticas y prácticas de detención y arresto impugnadas en este caso.

Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) es una organización sin ánimo de lucro con sede principal en Los Ángeles, California. CHIRLA se fundó en 1986 con el objetivo de promover los derechos humanos y civiles de los inmigrantes y refugiados. Desde entonces, CHIRLA se ha convertido en una de las organizaciones más grandes y eficaces en la defensa de los derechos de los inmigrantes, organizando, educando y defendiendo a inmigrantes y refugiados en las calles, en los tribunales y en las instancias de poder. Como organización basada en la afiliación, CHIRLA cuenta con aproximadamente 50 000 miembros en toda California, entre los que se incluyen tanto ciudadanos estadounidenses como personas sin ciudadanía con distintos estatus migratorios. CHIRLA tiene miembros en todos los condados del Distrito. El personal de CHIRLA también incluye a abogados y representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ) que prestan servicios jurídicos pro bono a clientes en procesos de expulsión, incluidas las personas detenidas. Además, CHIRLA coordina la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN) y educa tanto a sus socios como a la comunidad en general a través de programas de «conoce tus derechos», talleres, redes sociales y material educativo sobre diversos servicios sociales y prestaciones, entre los que se incluyen la legislación en materia de inmigración, la educación financiera, los derechos de los trabajadores y la participación ciudadana.

Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) es una organización sin ánimo de lucro con sede principal en Los Ángeles, California. Además de en Los Ángeles, ImmDef cuenta con oficinas en Riverside, Santa Ana y San Diego (California), y desarrolla su labor a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, en Tijuana. ImmDef se fundó en 2015 con el objetivo de proteger los derechos procesales de los inmigrantes que se enfrentan a la deportación. En sus inicios, ImmDef se centró en garantizar que todos los inmigrantes que comparecieran ante el tribunal de inmigración contaran con un abogado que los representara. En los años siguientes, ImmDef amplió su misión más allá de la ayuda a las personas que se enfrentaban a la deportación para trabajar también en pro de un cambio sistémico que reimagine un sistema de inmigración más justo. ImmDef ofrece defensa contra la deportación, representación jurídica, educación jurídica y servicios sociales a menores y adultos, tanto detenidos como en libertad.

Volver al inicio

Equipo jurídico

Defensoría Pública

Nuestros abogados colaboradores

  • Hecker Fink LLP
  • Fundación ACLU del Sur de California
  • Despacho de abogados de Stacy Tolchin
  • Clínica de Solidaridad con los Inmigrantes y la Justicia Racial de la Facultad de Derecho de la UC Irvine
  • Red Nacional de Organización de Jornaleros
  • Fundación ACLU del Norte de California
  • Fundación ACLU de los condados de San Diego e Imperial
  • Martínez Aguilasocho Law, S.L.
  • Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)
  • Centro Jurídico de Defensa de los Inmigrantes

Prensa

Volver al inicio

Preguntas frecuentes –Descargar aquí

(Haga clic aquí para ver la versión en español)

Desarrollado por EmbedPress

Preguntas frecuentes –Descargar aquí

Desarrollado por EmbedPress

Volver al inicio