Public Counsel y una coalición de bufetes de abogados y organizaciones de defensa lograron una importante victoria jurídica el viernes por la noche, cuando el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Noveno Circuito rechazó de forma contundente el intento del Gobierno federal de suspender las protecciones fundamentales que habíamos conseguido mediante una orden de restricción temporal (TRO) el mes pasado.Esta sentencia reafirma las garantías fundamentales contra las redadas de inmigración inconstitucionales y las prácticas de identificación y detención llevadas a cabo por la Administración Trump en Los Ángeles.
El Tribunal confirmó nuestra orden judicial provisional, ratificando la conclusión del tribunal de distrito de que las redadas de inmigración llevadas a cabo por la Administración Trump en Los Ángeles probablemente han violado las garantías de la Cuarta Enmienda contra los registros y confiscaciones irrazonables. En su sentencia, el Noveno Circuito rechazó explícitamente los argumentos del Gobierno según los cuales los agentes de inmigración podían actuar legalmente contra miembros de la comunidad basándose únicamente en su raza, origen étnico, idioma, ubicación u ocupación.
Esta victoria judicial supone otro hito en nuestrahistórica demanda colectiva, presentada a principios de julio, para impugnar las prácticas inconstitucionales de detención y arrestos del Gobierno federal, así como la denegación de los derechos al debido proceso a los miembros de la comunidad recluidos en el B-18, un centro de retención situado en el sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, donde muchos han permanecido en condiciones crueles y coercitivas, sin comida adecuada, sin higiene ni siquiera camas. El Gobierno no impugnó una segunda orden judicial provisional (TRO) que exige el acceso a asistencia letrada para las personas detenidas en el B-18.
La demanda fue interpuesta por cinco residentes a título individual y cuatro organizaciones de defensa: la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, United Farm Workers, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Jurídico de Defensa de los Inmigrantes (ImmDef). A Public Counsel se suman como coabogados pro bono el bufete Hecker Fink LLP, la ACLU del Norte y del Sur de California, CHIRLA, ImmDef, la Clínica de Solidaridad por la Justicia Racial y de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, así como otros grupos y abogados especializados en inmigración y derechos civiles.
Estamos preparados para una lucha prolongada con el fin de defender el Estado de derecho y proteger la justicia, la dignidad y los derechos constitucionales de todos los angelinos. Agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad de nuestra comunidad y de nuestros colaboradores en esta iniciativa fundamental.
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