Resumen

Cuando se detiene a alguien, a menudo se le exige que deposite una fianza en metálico para poder quedar en libertad en espera del juicio. Muchos de ellos, al final, nunca son condenados ni siquiera acusados de ningún delito. Aquellos que puedan permitirse pagar el importe total de la fianza al tribunal recibirán un reembolso al término del proceso si acuden a todas las citas judiciales obligatorias.

Sin embargo, el importe medio de la fianza en California es de 50 000 dólares, una cifra muy por encima de lo que una persona normal puede permitirse. Por ello, muchas personas recurren a empresas de fianzas y pagan una «prima» no reembolsable —normalmente el 10 % del importe total de la fianza— a cambio de garantizar su puesta en libertad.

Incluso esta comisión del 10 % resulta demasiado elevada para que la mayoría de las personas puedan pagarla de su propio bolsillo, por lo que las empresas de fianzas ofrecen la opción de financiar el importe de la prima, lo que suele requerir un pago inicial seguido de cuotas mensuales posteriores. Las empresas de fianzas también suelen exigir al menos un avalista —normalmente un familiar o amigo de la persona detenida— que asuma la misma responsabilidad en el pago de la deuda. Como resultado, las personas detenidas en California y sus avalistas deben millones a las empresas de fianzas.  Estas empresas recurren con frecuencia a prácticas abusivas, como la publicidad engañosa, los contratos desleales y el acoso, en sus intentos por cobrar la deuda. 

El equipo de Impacto en el Consumidor de Public Counsel presta asistencia a personas detenidas y avalistas que tienen dificultades para saldar su deuda de fianza, así como a quienes han sido víctimas de prácticas abusivas e ilegales por parte de las empresas de fianzas. Además, participa y apoya los litigios de impacto destinados a reducir la deuda de fianza.

Public Counsel trabaja para poner fin a la criminalización de la pobreza mediante cambios en las políticas, litigios de impacto, servicios directos y actividades de defensa, con el fin de abordar las infracciones de tráfico leves, las órdenes de detención, las sanciones por alteración de la calidad de vida, las multas correspondientes y la eliminación de antecedentes penales. 

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