Resumen

Nadie debería ser sancionado simplemente por ser pobre. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas con ingresos más bajos se ven obligadas a hacer frente a multas y tasas exorbitantes por infracciones de tráfico y delitos civiles menores. Si no pueden pagarlas, pueden quedar atrapadas en un círculo vicioso de deuda, detenciones e incluso encarcelamiento. Las consecuencias pueden ser devastadoras, ya que afectan a sus perspectivas laborales futuras, a la estabilidad familiar y a la comunidad en general. Además, se criminaliza a las personas sin hogar mediante restricciones a los campamentos y redadas que pueden dar lugar a multas y detenciones.

Public Counsel trabaja para poner fin a la criminalización de la pobreza mediante cambios en las políticas, litigios de impacto, así como servicios directos y actividades de defensa, con el fin de abordar las infracciones de tráfico leves, las órdenes de detención, las sanciones por alteración de la calidad de vida, las multas correspondientes y la eliminación de antecedentes penales.