Trauma y aprendizaje
Resumen

Los estudios demuestran que el trauma infantil puede alterar físicamente el cerebro y el cuerpo de los niños en fase de desarrollo, lo que puede afectar a la cognición y al comportamiento durante décadas y dar lugar a síntomas similares a los de los veteranos que regresan a casa tras la guerra y padecen trastorno de estrés postraumático (TEPT). Se ha demostrado que los bajos niveles de alfabetización, las elevadas tasas de abandono escolar, la repetición de cursos, el bajo rendimiento y la «trayectoria de la escuela a la cárcel» guardan una estrecha relación con la exposición al trauma. Los distritos escolares sensibles al trauma de todo el país están empezando a abordar el trauma con éxito y, cuando lo hacen, los beneficios para los niños, las familias y la comunidad son extraordinarios.
Public Counsel ha presentado varias demandas históricas para abordar el impacto negativo que tienen los traumas infantiles en el aprendizaje:
- La demanda «Peter P. contra el Distrito Escolar Unificado de Compton»fue presentada en Los Ángeles por Public Counsel e Irell & Manella LLP en 2015 en nombre de un colectivo de alumnos y tres profesores, con el objetivo de que el Distrito Escolar Unificado de Compton incorporara prácticas de eficacia probada que abordaran las barreras al aprendizaje causadas por el trauma, del mismo modo que las escuelas públicas se han adaptado y evolucionado en las últimas décadas para ayudar a los alumnos que sufren barreras físicas o de otro tipo para el aprendizaje. En los años transcurridos desde entonces, tanto los demandantes como el demandado han colaborado para desarrollar la Iniciativa de Bienestar del Distrito Escolar Unificado de Compton, un programa con múltiples vertientes diseñado para abordar las necesidades académicas, socioemocionales, de asistencia y de comportamiento de los alumnos.
- Stephen C. contra la BIE es una demanda federal interpuesta por nueve menores demandantes y el Centro Jurídico para la Discapacidad de los Nativos Americanos con el fin de exigir a la Oficina Federal de Educación Indígena (BIE) que rinda cuentas por la prestación de una educación de calidad a los niños indígenas. En marzo de 2018, el tribunal dictaminó, por primera vez en el país, que el Gobierno federal debe satisfacer las necesidades educativas de los alumnos indígenas que asisten a colegios gestionados por la BIE federal, abordando de forma proactiva las necesidades de salud mental y bienestar de los alumnos afectados por traumas y adversidades infantiles. En octubre de 2020 se alcanzó un acuerdo histórico que supuso un primer paso crucial para garantizar que la Oficina Federal de Educación Indígena (BIE) cumpla con su obligación de asegurar que los alumnos con discapacidad de la Escuela Primaria Havasupai tengan igualdad de acceso a la educación.





