ACCE contra HCD

Justicia en materia de vivienda

Exigir responsabilidades a California por sus fallos en la aplicación del programa de ayudas al alquiler por la COVID-19

El programa de ayuda al pago del alquiler por la COVID-19 (también conocido como Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler o ERAP) fue creado por el Gobierno federal para garantizar que los inquilinos con bajos ingresos pudieran seguir en sus viviendas si tenían dificultades para pagar el alquiler debido a la pandemia de COVID-19. California destinó más de 6 mil millones de dólares en fondos estatales y federales, y se encargó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) la creación de un proceso de solicitud, la evaluación de los requisitos de los inquilinos y la distribución de los fondos del programa.

Sin embargo, el proceso de solicitud del programa de ayuda al alquiler por la COVID-19 de California («Housing is Key») resultó muy engorroso para muchas de las personas más vulnerables que necesitaban dicha ayuda. Exigía una gran cantidad de trámites y documentación, acceso al correo electrónico y la capacidad de consultarlo con regularidad, así como la capacidad de desenvolverse en el sistema en inglés, aunque no fuera el idioma preferido del inquilino. Aunque lograran presentar la solicitud, los inquilinos seguían esperando meses para recibir una respuesta y obtenían respuestas muy vagas, como la aprobación de pagos parciales o la denegación total del pago sin una explicación adecuada.

El proceso fue profundamente injusto, no cumplió con los estándares constitucionales y, en muchos casos, no logró su objetivo más básico: garantizar una vivienda a los californianos. Por eso, las organizaciones comunitarias de inquilinos Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action y Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), junto con el instituto de investigación y acción PolicyLink, han presentado una demanda contra el HCD por gestionar el programa de ayuda al alquiler por la COVID-19 de una forma opaca y que perjudica de manera desproporcionada a los inquilinos por motivos de raza, color y origen nacional. La demanda también impugna la negativa del HCD a facilitar documentos públicos que arrojarían luz sobre su gestión del programa. 

Public Counsel, Western Center on Law & Poverty, Legal Aid Foundation of Los Ángeles y Covington & Burling LLP unieron fuerzas para representar a los demandantes y, en mayo de 2023, alcanzaron un acuerdo histórico con el Estado de California para resolver los casos de ayudas al alquiler por la COVID-19. El acuerdo aportará una solución y esperanza a más de 100 000 hogares que llevan un año o más esperando la oportunidad de recibir ayuda del Estado de California. El acuerdo ofrecerá nuevas oportunidades de recurso a quienes se les haya denegado la ayuda al alquiler, aportará mayor claridad a las denegaciones de solicitudes y ampliará la red de socios comunitarios para ayudar a los inquilinos a responder a las denegaciones y presentar recursos. Las personas que aún tengan solicitudes pendientes a fecha del acuerdo deben esperar recibir una nueva serie de comunicaciones del Estado y, si se deniegan sus solicitudes, dispondrán de 30 días para presentar un recurso con el fin de recibir ayuda para el alquiler. 

A raíz de esta demanda, el Estado de California mejorará la gestión de un programa de ayuda frente a la pandemia de vital importancia para garantizar el respeto al debido proceso. Como consecuencia, los californianos con bajos ingresos tendrán más posibilidades de recibir la ayuda para el alquiler que necesitan para evitar el desahucio y conservar su vivienda. 

Tribunal

Tribunal Superior del Estado de California, condado de Alameda

Estado

Resuelto

N.º de expediente

22CV012263

Archivado

6 de junio de 2022

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Evolución del caso y documentos clave

Acuerdo

Se ha llegado a un acuerdo

Los demandantes y los demandados han alcanzado un acuerdo histórico en nombre de los californianos que se enfrentan a deudas de alquiler derivadas de la pandemia. El acuerdo responsabiliza al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) de las deficiencias en la aplicación del Programa de Ayuda al Alquiler por la COVID-19. El acuerdo ofrecerá nuevas oportunidades de recurso a quienes se les haya denegado la ayuda al alquiler, aportará mayor claridad a las denegaciones de solicitudes y ampliará la red de socios comunitarios para ayudar a los inquilinos a hacer frente a las denegaciones y a presentar recursos. Las personas que tengan solicitudes pendientes a fecha del acuerdo deben esperar recibir una nueva serie de comunicaciones del Estado y dispondrán de 30 días para presentar un recurso con el fin de recibir ayuda para el alquiler si su solicitud es denegada.

Documentos

Resolución

Un juez ordena al Estado que elabore notificaciones de denegación que respeten el debido proceso

Al modificar la medida cautelar para ajustarla a la resolución del Tribunal de Apelación, el juez Frank Roesch, del Tribunal Superior de Alameda, señaló que las notificaciones de denegación del Estado deben «especificar los hechos en los que se basa la denegación» para respetar el derecho al debido proceso, lo que significa que la notificación debe proporcionar información suficiente para que los solicitantes comprendan por qué el Estado considera que su solicitud no cumple los requisitos del programa. El Tribunal reconoció que informar a los inquilinos de los motivos de la denegación es importante para que los solicitantes tengan una oportunidad real de recurrir y corregir su documentación.

Documentos

Resolución

El Tribunal de Apelación ordena al Tribunal Superior que limite el alcance de la medida cautelar

En noviembre de 2022, HCD presentó una petición de recurso extraordinario ante el Tribunal de Apelación solicitando a este que revocara la medida cautelar. El Tribunal de Apelación dictó una resolución en diciembre de 2022 en la que ordenaba al Tribunal Superior que modificara el alcance de la medida cautelar. Sin embargo, la resolución del tribunal establecía que la medida cautelar solo podía modificarse de tal forma que se siguiera garantizando el debido proceso, de modo que «prohíba al Departamento denegar las solicitudes de ayuda al alquiler únicamente si no se ha informado al solicitante de los motivos concretos de la denegación ni se le han facilitado los documentos en los que el Departamento se basó para denegar las solicitudes».

Documentos

Resolución

El juez concede una medida cautelar

Un tribunal del condado de Alameda se ha puesto del lado de los defensores de los inquilinos y ha ordenado al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) que no deniegue ninguna solicitud de ayuda al alquiler pendiente hasta que el tribunal pueda determinar si el procedimiento del HCD cumple con los requisitos constitucionales del debido proceso. El juez Frank Roesch, del Tribunal Superior de Alameda, ha señalado que las notificaciones de denegación de California son demasiado vagas, no indican a los solicitantes qué documentos han motivado la denegación y dificultan que los solicitantes rechazados puedan recurrir la decisión.

Documentos

Presentación

Se ha presentado una denuncia

Tres colectivos comunitarios han demandado al Estado de California por su programa de ayudas al alquiler ante la COVID-19 (también conocido como Programa de Ayuda de Emergencia al Alquiler o ERAP). En la demanda se alega que el programa funciona de forma poco clara y discriminatoria, y que no ofrece una explicación adecuada a los inquilinos a los que se les deniega la ayuda, lo que supone una violación de las leyes sobre el debido proceso y la igualdad en el acceso a la vivienda.

Documentos

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Clientes

Acción de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE)

La Alianza de Californianos por el Empoderamiento Comunitario (ACCE) es una organización comunitaria de base, dirigida por sus miembros y de ámbito estatal, que cuenta con más de 15 000 miembros en toda California. La ACCE se dedica a dar voz a los californianos de a pie, barrio a barrio, para luchar por las políticas y los programas que necesitamos para mejorar nuestras comunidades y crear un futuro mejor.

PolicyLink

PolicyLink es un instituto nacional de investigación y acción que trabaja para promover la equidad racial y económica. PolicyLink tiene como objetivo fomentar la inclusión económica para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y aumentar la movilidad social, creando y manteniendo comunidades ricas en oportunidades a través de un desarrollo equitativo. PolicyLink utiliza la investigación para crear recursos que garanticen que todos los sistemas e instituciones sean justos, estén libres de prejuicios raciales y conduzcan a una democracia dinámica en la que todos, especialmente los más vulnerables, puedan participar y prosperar.

Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAJE)

SAJE se dedica a garantizar la justicia económica y a fortalecer el poder de la comunidad en el sur de Los Ángeles, defendiendo los derechos de los inquilinos, una vivienda saludable y un desarrollo equitativo. SAJE ofrece formación sobre los derechos de los inquilinos, servicios directos a los inquilinos y apoyo a la organización de los mismos. SAJE ha llevado a cabo amplias campañas educativas y ha prestado servicios directos para ayudar a los inquilinos a acceder a ayudas para el alquiler.

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Equipo jurídico

Defensoría Pública

Nuestros abogados colaboradores

La Fundación de Asistencia Jurídica de Los Ángeles (LAFLA) es un bufete de abogados sin ánimo de lucro cuyo objetivo es lograr la igualdad ante la justicia para las personas que viven en situación de pobreza en el área metropolitana de Los Ángeles. LAFLA cambia vidas mediante la representación directa, la transformación de los sistemas y el empoderamiento de la comunidad. Cuenta con cinco oficinas en el condado de Los Ángeles, además de cuatro centros de acceso jurídico de autoayuda en los juzgados de la zona y tres clínicas especializadas en violencia doméstica para ayudar a las víctimas.

Western Center on Law & Poverty lucha en los tribunales, en las ciudades, en los condados y en el Capitolio para garantizar la vivienda, la asistencia sanitaria y una sólida red de protección social a los californianos con bajos ingresos, desde la perspectiva de la justicia económica y racial.

Covington & Burling LLP: En un mundo cada vez más regulado, Covington & Burling LLP ofrece su experiencia en derecho mercantil, litigios y normativa para ayudar a sus clientes a afrontar sus problemas empresariales, operaciones y disputas más complejos. Fundado en 1919, el bufete cuenta con más de 1.300 abogados repartidos en oficinas de Pekín, Bruselas, Dubái, Fráncfort, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Palo Alto, San Francisco, Seúl, Shanghái y Washington. Desde su fundación, Covington ha demostrado un firme compromiso con el servicio público. El bufete es reconocido con frecuencia por su labor pro bono, lo que incluye haber sido clasificado en 11 ocasiones como el bufete número uno en práctica pro bono en EE. UU. por la revista *The American Lawyer*. 

Prensa

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Preguntas frecuentes (FAQ)

El 30 de mayo de 2023, los defensores de los inquilinos llegaron a un acuerdo en una importante demanda contra el Estado de California por cuestiones relacionadas con el debido proceso en la gestión del Programa Estatal de Ayuda al Alquiler por la COVID-19, también conocido como Programa de Ayuda de Emergencia al Alquiler (ERAP) o «Housing Is Key», que provocó que se denegara la ayuda a inquilinos que cumplían los requisitos. Como consecuencia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) ha aceptado introducir varias reformas importantes en los procedimientos relacionados con las denegaciones y los recursos de apelación del programa. 

Esta sección de preguntas frecuentes ofrece una visión general del acuerdo judicial y de lo que supone para los inquilinos. Para obtener más información sobre la demanda y una copia completa del acuerdo, utiliza las pestañas de esta página web para acceder a más información. Para dar a conocer este acuerdo, comparte esta dirección web: CARentRelief.org

Si tienen alguna duda sobre el estado de una solicitud, los inquilinos deben ponerse en contacto con el centro de atención telefónica «Housing Is Key» del Estado, llamando al (833) 430-2122. Para consultar el estado de su solicitud en el portal de «Housing Is Key», los inquilinos pueden visitar: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant
Para ponerse en contacto con una organización comunitaria que pueda ayudarles con la solicitud, los inquilinos deben llamar a la Red de Colaboradores Locales al(833) 687-0967.

1. ¿A quién afecta este acuerdo?

2. ¿Qué va a pasar ahora con los inquilinos que han estado esperando una resolución sobre sus solicitudes de ayuda para el pago del alquiler? 

3. ¿Cómo serán las nuevas notificaciones de denegación?

4. ¿Cómo se enviarán a los inquilinos las nuevas notificaciones de denegación?

5. ¿Supone este acuerdo algún cambio en el proceso de recurso?

6. ¿Qué ocurre si a un inquilino solo se le concede una parte de la ayuda que ha solicitado?

7. ¿Cómo afecta este acuerdo a los inquilinos que habían recibido anteriormente notificaciones de «recuperación»?

8. ¿Qué ocurre si un inquilino ha presentado varias solicitudes y una de ellas ha sido marcada como «duplicada»?

9. ¿Ayudará este acuerdo a un inquilino al que anteriormente se le denegó la ayuda para el alquiler?

10. ¿Ofrece este acuerdo alguna ayuda adicional a los inquilinos cuyo idioma principal no sea el inglés?

11. ¿A dónde puede acudir un inquilino para obtener más información si tiene dudas sobre el estado de su solicitud?

12. ¿A dónde pueden acudir los inquilinos para recibir ayuda con su solicitud?

13. ¿A quién puede acudir un inquilino en busca de ayuda si todavía está a la espera de una resolución sobre su solicitud, pero se enfrenta ahora a un desahucio?

14. ¿Cómo se hará cumplir el acuerdo?

15. ¿Dónde puedo encontrar los documentos legales y más información sobre este pleito, ACCE contra HCD?

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