Resumen

Una sociedad económicamente justa ofrece oportunidades para que todas las personas prosperen, independientemente del color de su piel, su género, su orientación sexual o las circunstancias en las que hayan nacido. Sin embargo, con demasiada frecuencia vemos esquemas financieros abusivos y programas de crédito que se aprovechan de las personas con ingresos más bajos, así como sistemas perversos de multas y tasas que se acumulan sobre las espaldas de quienes ya luchan por salir adelante. Estos sistemas se agravan mutuamente, atrapando a las personas en ciclos de pobreza que a menudo pueden conducir a la ruina económica de familias y comunidades enteras. Public Counsel trabaja para acabar con estos sistemas perjudiciales, poner fin a la criminalización de la pobreza y proteger la seguridad económica de quienes son víctimas de fraudes al consumidor o están sobrecargados de deudas. 

El proyecto «Derechos del Consumidor y Justicia Económica» de Public Counsel facilita el acceso a la justicia mediante la representación jurídica directa y pro bono, talleres de autoayuda y la defensa de políticas que dan prioridad a los derechos de personas como estudiantes, consumidores y propietarios de viviendas con bajos ingresos. Nos ocupamos de una amplia gama de asuntos relacionados con el consumo, entre los que se incluyen los préstamos abusivos, el cobro de deudas, el fraude inmobiliario, las ejecuciones hipotecarias, los préstamos estudiantiles, las deudas derivadas del sistema penal, el fraude al consumidor y las prácticas comerciales desleales. Además, proporcionamos asistencia jurídica gratuita y recursos a personas que se representan a sí mismas en casos de quiebra y en asuntos de apelación civil, y ofrecemos asignación de abogados pro bono en casos seleccionados. A través de nuestras Clínicas Federales Pro Se, así como de nuestros Programas de Asistencia al Deudor y de Derecho de Apelación, ayudamos a los clientes con bajos ingresos a defenderse por sí mismos en diversos casos civiles. 

A QUIÉN PRESTAMOS SERVICIO: 

• Las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, que se ven afectadas tanto por la explotación económica como por el racismo sistémico, entre las que se incluyen personas mayores con ingresos fijos, jóvenes que han estado en acogida, personas cuyo idioma materno no es el inglés, veteranos y personas con deudas derivadas del sistema de justicia penal. A través de litigios de impacto y de actividades de defensa, también prestamos asistencia a consumidores y comunidades de bajos ingresos en todo el estado y más allá.

• Residentes del condado de Los Ángeles que necesiten asesoramiento y orientación, servicios de breve duración y/o representación en casos relacionados con la quiebra.

• Partes que se representan a sí mismas y que tienen un procedimiento o están planteándose iniciar uno ante el Tribunal del Distrito Central.

• Las partes que se representan a sí mismas y que tienen un asunto pendiente o están considerando interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación del 2.º Distrito o ante la División de Apelación de cualquier Tribunal Superior dentro del Segundo Distrito de Apelación.